Para el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), los esquemas que existen para las pensiones en el país están fragmentados, lo que genera una elevada desigualdad de oportunidades para alcanzar un retiro digno.
En este sentido, el CEEY aseguró que es necesario llevar a cabo una reforma hacendaria que garantice la viabilidad del gasto en pensiones y que los recursos no se utilicen en otras prioridades sociales o económicas.
La asociación civil destacó que, para pagar las pensiones durante este año, se utilizó alrededor del 22% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), situación que ha desencadenado un problema operativo y financiero.
Al año 2022, había en el país 12.6 millones de personas de más de 65 años, de las cuales solo una tercera parte, 4.1 millones de individuos, recibía una pensión contributiva, es decir la que se garantiza por medio de la seguridad social.
El resto de este sector no tenía ese beneficio y solo podía mantenerse ya fuera con su trabajo, ahorros personales, la ayuda de sus familiares o bien con los programas sociales del gobierno.
Además, las mujeres mayores son el segmento más vulnerable, ya que de los 4.1 millones de mexicanos que recibía su pensión por jubilación, solo 43% era del género femenino.
Cabe destacar que en México el régimen de pensiones por jubilación más grande es el que administra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero también existen otros como los que ofrecen el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), algunos gobiernos estatales y algunas universidades públicas, sin olvidar los que ofrecen las fuerzas armadas.
El CEEY propuso que se debe crear una Ley Marco de Pensiones que establezca los parámetros que regirán a los esquemas de pensiones existentes y sea operada bajo la supervisión del Instituto Nacional de Pensiones de Retiro (INPR), organismo autónomo que deberá ser fundado.
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